La consulta que busca recortar un 25 % las cargas ambientales en la UE

La Comisión Europea abrió una consulta pública —formalmente un call for evidence— para identificar dónde y cómo reducir en una cuarta parte los trámites administrativos ligados a la legislación ambiental. La iniciativa forma parte de la estrategia anunciada por Ursula von der Leyen para aliviar la presión regulatoria sin sacrificar los objetivos climáticos y de biodiversidad. 

Bruselas quiere escuchar a empresas, ONG y administraciones antes de redactar en el cuarto trimestre de 2025 el llamado Environmental Omnibus, un reglamento único que reunirá cambios dispersos en normas sobre residuos, productos y emisiones industriales. El planteamiento nace de la constatación de que las obligaciones de reporte se han multiplicado y a menudo se solapan, encareciendo el cumplimiento sin aportar valor ambiental adicional. 

Según los documentos preliminares, la Comisión sopesa simplificar notificaciones, unificar portales de envío de datos y ampliar la validez de certificaciones existentes para evitar duplicidades. El objetivo declarado es mantener intactos los niveles de protección pero reducir tiempos y costes, especialmente para las pymes que operan en varios Estados miembros. 

Para las empresas el calendario es corto: los comentarios recibidos hasta septiembre servirán para decidir qué requisitos se suavizarán o fusionarán. Participar permite influir en aspectos tan concretos como la frecuencia de los informes de emisiones o la armonización de formularios nacionales con la ventanilla única europea. Bruselas recalca que los cambios no implicarán rebajar estándares, sino “hacer que las normas sean más rápidas, fáciles y baratas de aplicar” —una promesa que los sectores regulados vigilarán de cerca cuando el borrador del Omnibus llegue al Consejo y al Parlamento a finales de año. 

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