Finalmente, la Directiva de Debida Diligencia Sostenible Corporativa (CSDDD) de la UE ha superado finalmente un complejo proceso legislativo, culminando en un compromiso en el Consejo Europeo.
Este acuerdo ha requerido suavizar ciertas exigencias previas, limitando su aplicación principalmente a grandes empresas, con umbrales más elevados tanto en ingresos como en número de empleados.
Esta revisión reduce significativamente el alcance de la directiva, afectando a solo un tercio de las empresas inicialmente contempladas. Además, se prevé una implementación escalonada y se elimina la obligación de promover planes de transición mediante incentivos financieros a directivos y consejeros.
Este desarrollo legislativo, aunque recibido como un avance, ha generado críticas por la dilución de sus contenidos y el limitado alcance en la protección ambiental y de derechos humanos en las cadenas de valor globales.
La pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo, que deberá aprobar esta última versión de la directiva.
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